Agregando valor a los minerales críticos: ¿existen alternativas a Indonesia?

Se espera que la demanda de minerales como el níquel, el litio, el cobre y las tierras raras se multiplique entre cuatro y seis veces hacia 2040. Para los países ricos en recursos de Asia-Pacífico, África y América Latina, esto aparece como una ventana histórica de oportunidad: para impulsar procesos de transformación estructural, desarrollar capacidades productivas y tecnológicas, y superar el modelo de enclave extractivo que ha dejado a tantas economías ricas en minerales con recursos agotados y escasos resultados en términos de desarrollo.

Un país se ha convertido en el principal punto de referencia sobre cómo responder a este desafío: Indonesia. Y con razón. Lo que logró en materia de procesamiento de níquel en menos de una década es, en cualquier medida, extraordinario. Entre 2015 y 2024, Indonesia pasó de producir el 6% del níquel mundial a más del 60%. Construyó más de 40 fundiciones y pasó de tener una presencia prácticamente inexistente a representar el 30% de la oferta mundial de níquel grado batería. Las políticas implementadas son bien conocidas: prohibiciones a la exportación de mineral sin procesar, inversión extranjera condicionada y parques industriales integrados. No sorprende que hayan despertado enorme interés entre gobiernos de otras regiones.

Pero antes de que otros países intenten replicar el mismo conjunto de políticas, vale la pena detenerse en una pregunta fundamental: ¿fueron las políticas, por sí solas, toda la explicación?

Qué hizo que funcionara... y a qué costo

Gran parte de la discusión sobre Indonesia se concentra en la prohibición de exportar mineral sin procesar: en la audacia de la decisión y en la voluntad política necesaria para sostenerla en el tiempo. Y ese énfasis no es equivocado. Indonesia tomó decisiones trascendentes y las implementó con éxito. Pero esas decisiones funcionaron porque encajaban con una configuración muy específica de condiciones: una demanda global en rápido crecimiento y la necesidad de China de trasladar parte de su producción al exterior; una alineación estratégica entre China e Indonesia que canalizó tecnología y capital a gran escala; una nueva tecnología de procesamiento (High Pressure Acid Leach, HPAL) disponible pero hasta entonces poco utilizada; enormes reservas de níquel combinadas con energía basada en carbón y mano de obra de bajo costo; una autoridad política centralizada capaz de sostener una prohibición de exportación durante años sin ceder a las presiones; y un sector minero doméstico fragmentado, sin procesadores locales con suficiente poder para resistir el cambio.

Las políticas no crearon estas condiciones: políticas y condiciones evolucionaron conjuntamente. El gobierno supo interpretar el momento histórico, y las condiciones hicieron posible que las políticas funcionaran. Si se elimina cualquiera de estos elementos, el resultado cambia por completo.

Pero las mismas condiciones que permitieron el éxito de estas políticas también moldearon sus costos. Los siguientes son algunos de los costos que hoy se encuentran en el centro del debate. La industria del níquel en Indonesia depende de manera abrumadora de centrales eléctricas a carbón dedicadas exclusivamente a abastecer las operaciones industriales, y la mayoría de las instalaciones producen entre 57 y 70 toneladas de CO₂ por cada tonelada de níquel. En las comunidades cercanas al parque industrial de Weda Bay, las infecciones respiratorias aumentaron más de veinticuatro veces entre 2020 y 2023. Al mismo tiempo, las empresas chinas continúan controlando aproximadamente el 75% de la capacidad de refinación y suministran entre el 80% y el 90% de la maquinaria utilizada en el proceso, mientras que el 94% de las exportaciones indonesias de níquel se dirigieron a China durante la primera mitad de 2025.

Indonesia produce más. Pero gran parte del conocimiento, la tecnología y las rentas asociadas a esta actividad continúan concentrándose en otros lugares. Reposicionarse en la cadena de valor no es lo mismo que avanzar en procesos de upgrading dentro de ella.

¿Existen alternativas?

Indonesia siguió la estrategia que domina actualmente las discusiones sobre agregado de valor en minerales: el procesamiento aguas abajo (downstream processing). Es la opción que más atrae la imaginación política: pasar del mineral en bruto al metal refinado y luego a componentes para baterías, ascendiendo en la cadena y capturando más valor en cada etapa. Y la lógica es real. En un contexto en el que China domina el procesamiento, controlar estas etapas puede otorgar a los países un poder de negociación y una capacidad de influencia que la simple exportación de mineral difícilmente proporciona.

Sin embargo, el procesamiento aguas abajo también implica costos y restricciones que suelen recibir menos atención. Es una actividad intensiva en capital y en energía, y genera relativamente poco empleo en relación con el volumen de inversión requerido. Las barreras de entrada son elevadas: el procesamiento está dominado por un pequeño número de grandes empresas integradas verticalmente, que cuentan con tecnología, capital y relaciones de suministro consolidadas, lo que dificulta la competencia de nuevos actores salvo mediante menores costos o estándares regulatorios más laxos. Además, suele producir otra mercancía primaria más que una base industrial diversificada. Y la carga ambiental es considerable: el procesamiento constituye una de las etapas más contaminantes de las cadenas de valor de los minerales y, a medida que China ha endurecido sus propios estándares ambientales, las actividades más dañinas han comenzado a desplazarse hacia países con menor capacidad regulatoria.

Existen, sin embargo, otras dos estrategias que han recibido mucha menos atención y que poseen un potencial significativo.

La primera consiste en desarrollar capacidades intensivas en conocimiento en las etapas iniciales de la cadena, haciendo que la propia actividad extractiva sea más sofisticada desde el punto de vista tecnológico y ambiental. Esto no implica necesariamente extraer más. Significa invertir en conocimiento geológico, gestión ambiental, tecnologías de extracción, automatización y enfoques de bajo carbono. Cuanto mejor comprende un país sus propios recursos y las mejores formas disponibles de explotarlos, más sólida es su posición para negociar condiciones, atraer mejores alianzas y mejorar los resultados sociales y ambientales. La inversión en conocimiento genera además efectos de derrame y construye capacidades que pueden trasladarse a otras empresas, otros sectores y otros problemas. Es una transformación menos visible que la construcción de una fundición, pero probablemente más duradera.

La segunda estrategia consiste en apoyar el desarrollo y la expansión de ecosistemas de proveedores locales: empresas que ofrecen servicios al sector minero, como ingeniería, gestión ambiental, software, tratamiento de aguas o logística. Esta vía suele ser más accesible que el procesamiento aguas abajo porque se apoya en capacidades que muchos países ricos en recursos ya poseen, al menos de forma parcial. También puede generar efectos de derrame hacia otros sectores de la economía y, en el largo plazo, contribuir a reducir la dependencia respecto del propio recurso natural.

Chile: una estrategia upstream por diseño, habilitadora por elección

Chile constituye un excelente ejemplo de un modelo genuinamente distinto. No necesariamente superior al de Indonesia, pero sí ilustrativo de otras formas de capturar valor a partir de los recursos minerales. No ha logrado un reposicionamiento espectacular en las etapas aguas abajo de la cadena de valor y, según esa métrica convencional, sus resultados pueden parecer modestos. Sin embargo, cuando se observa con más detenimiento, la imagen cambia.

Algunos números ayudan a contar la historia. Actualmente, el 78% de la electricidad utilizada por la minería del cobre en Chile proviene de fuentes renovables, frente al 44% registrado en 2021. Este avance es el resultado de años de inversión y aprendizaje orientados a adaptar sistemas de energía renovable a las demandas específicas de la minería a gran escala. Algo similar ocurre con el agua, un recurso crítico y cada vez más disputado en una de las regiones mineras más áridas del mundo. Hoy, el 41% del agua utilizada por la minería proviene del mar, y se espera que esta cifra alcance el 68% para 2034. Esto ha sido posible gracias a importantes inversiones en infraestructura de desalinización y al desarrollo de capacidades de ingeniería capaces de transportar agua de mar hacia operaciones mineras ubicadas a gran altitud, atravesando cientos de kilómetros de desierto.

No se trata de simples mejoras operativas. Son innovaciones upstream, habilitadas por transformaciones en el propio proceso extractivo, que requirieron una acumulación sostenida de capacidades y que hoy representan conocimientos transferibles a otras regiones mineras del mundo. Al mismo tiempo, están comenzando a construir algo más: las bases de una identidad diferenciada para el cobre chileno, producido con energía renovable y con un uso mínimo de agua dulce, con potencial para obtener primas de precio y consolidar alianzas de largo plazo con fabricantes de los sectores de energías limpias y electrónica.

El hecho de que Chile registre 6,7 familias de patentes mineras por cada mil millones de dólares exportados en minerales, frente a apenas 0,33 en Indonesia —una diferencia de veinte veces en intensidad de conocimiento por dólar exportado— ayuda a explicar cómo estos avances han sido posibles.

Resulta interesante observar que, a diferencia de Indonesia, este proceso no se construyó de la noche a la mañana ni a través de una única intervención política de gran impacto. La estrategia chilena se ha basado en una combinación de políticas desarrolladas y sostenidas durante décadas, que integran instrumentos habilitadores, participación directa del Estado en la actividad extractiva y una regulación ambiental exigente.

Entre los instrumentos habilitadores se encuentran las inversiones públicas en investigación y desarrollo, obligaciones de innovación incorporadas en contratos y licencias de operación, programas de desarrollo de proveedores y marcos regulatorios que favorecieron la expansión de las energías renovables. La regulación ambiental ofrece ejemplos particularmente ilustrativos. En el norte del país, las restricciones al uso de agua dulce, las sanciones por sobreexplotación y la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental impulsaron a las empresas a adoptar tecnologías de desalinización mucho antes de que estas resultaran económicamente atractivas por sí mismas. Este cambio fue reforzado por una presión sostenida de la sociedad civil.

La presencia estatal también ha sido clave. Codelco —la mayor productora de cobre del mundo— ha actuado como un actor ancla para la generación de conocimiento, innovación e investigación y desarrollo en el sector, liderando procesos de transición hacia energías renovables y formas de producción más limpias que posteriormente fueron adoptadas por operadores privados. Más recientemente, este modelo de liderazgo estatal se ha extendido al litio. En diciembre de 2025, Codelco y SQM crearon Nova Andino Litio, una asociación público-privada en la que el Estado mantiene el control mayoritario y capturará entre el 70% y el 85% del margen operativo generado por la producción de litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

Dadas las condiciones específicas de Chile —su densidad institucional, sus decisiones geopolíticas y la economía de sus recursos minerales— esta estrategia parece haber sido una opción adecuada. No está exenta de desafíos: las leyes del mineral están disminuyendo, la capacidad de procesamiento sigue siendo limitada y los ecosistemas de proveedores aún no alcanzan la escala que demanda el sector. Sin embargo, se trata de un proceso que ha acumulado resultados de manera gradual, constante y sostenida en el tiempo.

Diagnosticar antes de prescribir

Dos países, dos minerales, dos estrategias, dos conjuntos de circunstancias profundamente diferentes y dos experiencias genuinamente instructivas. La cuestión no es determinar cuál de los dos modelos ha sido más exitoso. Lo importante es reconocer que la estrategia adecuada depende de condiciones que varían enormemente entre países: la posición que ocupan en la cadena de recursos, las capacidades existentes, la profundidad institucional, las relaciones geopolíticas y los costos sociales y ambientales que las comunidades están dispuestas —y son capaces— de asumir.

Lo que estas experiencias sugieren es que un diagnóstico riguroso debe preceder al diseño de políticas. ¿Qué condiciones ya existen? ¿Cuáles pueden construirse de manera realista a lo largo del tiempo? ¿Qué tipo de desarrollo es alcanzable y sostenible dadas las condiciones concretas desde las que parte cada país?

Hay mucho que aprender tanto de Indonesia como de Chile. Pero el objetivo no debería ser convertirse en ninguno de ellos. Los minerales pertenecen a estos países. El camino hacia el desarrollo también debería pertenecerles.